COMISIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS Y RECOMENDACIONES
INTERVENCIÓN DE CARLOS LOPEZ CONSEJERO TÉCNICO TITULAR DE LOS TRABAJADORES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA ANTE LA COMISIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS Y RECOMENDACIONES CONVENIO 87

Los trabajadores de la República Bolivariana de Venezuela vemos con suma preocupación la escalada de violencia que afecta a los compañeros sindicalistas y de otras organizaciones sociales de la República de Colombia que, lejos de atenuarse, prese ta un ascenso sostenido desde la fecha 2019 en que la CSI y la CSA presentaron las denuncias contra el Gobierno por la manifiesta negligencia en la prevención de la violencia de grupos delictivos contra los dirigentes.

En noviembre de 2019 se acelera la represión del Gobierno contra el movimiento popular, intentando contener las protestas de calle que se venían realizando para enfrentar las políticas neoliberales de Iván Duque. El Gobierno colombiano, lejos de aplicar medidas de subsidio y apoyo social, intenta aprobar una reforma tributaria que afecta fundamentalmente a los colombianos de menos ingresos.

El Gobierno Colombiano ha aplicado la militarización de la respuesta a la protesta social, irrespetando el derecho universal a la libre manifestación pacífica. Los cuerpos policiales uniformados y efectivos policiales sin uniforme o parapoliciales, arremeten violentamente contra los manifestantes, disparando armas de fuego, y deteniendo selectivamente a ciudadanos que luego son desaparecidos, no demostraron ninguna información a familiares ni a las organizaciones de derechos humanos.

En este escenario de guerra, el Gobierno dificulta las diferentes iniciativas de diálogo emprendidas por el Comité Nacional de Paro, demostrando que no tiene ninguna intención real de resolver la situación. Aprueba el decreto 575 que impone asistencia militar a 8 gobernadores y 13 alcaldes, aplicando un estado de conmoción parcial de facto, que elude el control constitucional, involucra a
los militares en el manejo de la protesta y subordina las autoridades civiles a los mandos militares, configurando de hecho un golpe de estado.

Al respecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, “Reitera las obligaciones internacionales del Estado en seguridad interna y los estándares interamericanos que disponen que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada. Y “los Estados deben respetar, proteger, facilitar y promover el derecho a la protesta social y que todo uso legítimo de la fuerza debe observar principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.

Los trabajadores venezolanos llamamos al Gobierno de Colombia a detener la violencia de los cuerpos policiales y militares contra los manifestantes, a investigar las desapariciones y asesinatos de dirigentes sindicales y sociales ya impulsar inmediatas reformas que garantizan la permanencia de los derechos de los trabajadores a la organización sindical y al derecho a la vida.