CONTUA en la OIT Caso Colombia

El Secretario de Formacion de la CONTUA Carlos López participó ayer en la Comisión de Aplicación de Normas durante el debate del Caso Colombia en nombre de la Central Bolivariana de Trabajadores/as de Venezuela. Les dejamos su mensaje.

109° CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

COMISION DE APLICACIÓN DE NORMAS Y RECOMENDACIONES
INTERVENCIÓN DE CARLOS LOPEZ CONSEJERO TECNICO TITULAR DE LOS TRABAJADORES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ANTE LA COMISION DE APLICACIÓN DE NORMAS Y RECOMENDACIONES

CASO COLOMBIA. CONVENIO 87

Los trabajadores de la República Bolivariana de Venezuela vemos con suma preocupación la
escalada de violencia que afecta a los compañeros sindicalistas y de otras organizaciones sociales
de la República de Colombia que, lejos de atenuarse, presenta un ascenso sostenido desde la
fecha 2019 en que la CSI y la CSA presentaron las denuncias contra el Gobierno por la manifiesta
negligencia en la prevención de la violencia de grupos delictivos contra los dirigentes.
En noviembre de 2019 se acelera la represión del Gobierno contra el movimiento popular,
intentando contener las protestas de calle que se venían realizando para enfrentar las políticas
neoliberales de Iván Duque. El Gobierno colombiano, lejos de aplicar medidas de subsidio y apoyo
social, intenta aprobar una reforma tributaria que afecta fundamentalmente a los colombianos de
menos ingresos.
El Gobierno Colombiano ha aplicado la militarización de la respuesta a la protesta social,
irrespetando el derecho universal a la libre manifestación pacífica. Los cuerpos policiales
uniformados y efectivos policiales sin uniforme o parapoliciales, arremeten violentamente contra
los manifestantes, disparando armas de fuego, y deteniendo selectivamente a ciudadanos que
luego son desaparecidos, no proporcionando ninguna información a familiares ni a las
organizaciones de derechos humanos.
En este escenario de guerra, el Gobierno dificulta las diferentes iniciativas de diálogo emprendidas
por el Comité Nacional de Paro, demostrando que no tiene ninguna intención real de resolver la
situación. Aprueba el decreto 575 que impone asistencia militar a 8 gobernadores y 13 alcaldes,
aplicando un estado de conmoción parcial de facto, que elude el control constitucional, involucra a
los militares en el manejo de la protesta y subordina las autoridades civiles a los mandos militares,
configurando de hecho un golpe de estado.
Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, “Reitera las obligaciones
internacionales del Estado en seguridad interna y los estándares interamericanos que disponen
que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria,
subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada. Y “los Estados deben respetar, proteger,
facilitar y promover el derecho a la protesta social y que todo uso legítimo de la fuerza debe
observar principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.

Los trabajadores venezolanos llamamos al Gobierno de Colombia a detener la violencia de los
cuerpos policiales y militares contra los manifestantes, a investigar las desapariciones y asesinatos
de dirigentes sindicales y sociales y a impulsar inmediatas reformas que garanticen la permanencia
de los derechos de los trabajadores a la organización sindical y al derecho a la vida.


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